Tras la guerra civil, la dictadura franquista puso en marcha una gigantesca «operación quirúrgica» destinada al exterminio de la izquierda del país. Para ello, junto a la represión física y la depuración profesional, el régimen dictatorial contó con un eficaz instrumento: la incautación de bienes a través de los tribunales de excepción creados por la Ley de Responsabilidades Políticas.